Jesusa Cervantes
Proceso | 12-03-2011 | 23:19
Hace poco más de un año, tras escuchar a funcionarios de la Defensa hablar de la situación de violencia en el país y de oír que los que “meten las drogas son los mismos que meten las armas”, el diputado perredista Héctor Hugo Hernández Rodríguez propuso crear una comisión especial en la Cámara de Diputados que revisara la operación de las aduanas mexicanas.
La comisión se formó y empezó a trabajar. Su plan era visitar las 49 aduanas del país, ver cómo funcionan y hacer las modificaciones pertinentes. Pero “las presiones” recibidas a lo largo del año de trabajo obligaron a los legisladores a meter freno y conformarse con proponer reformas a la ley aduanera.
En entrevista con Proceso, Hernández Rodríguez, presidente de la comisión especial, acepta que al revisar sorpresivamente la operación aduanera “se pisan callos… y laceras muchos intereses”; revela que las autoridades de Aduanas se manejan en “un esquema muy cerrado” y hubo “condiciones adversas en una sincronía perfecta” para impedirle a los legisladores hacer su trabajo.
Evita profundizar sobre lo detectado en las aduanas, pero en documentos de la comisión –que Proceso pudo consultar– se establece que entran armas ilegalmente al país a un ritmo de una por minuto, lo que según el análisis de los legisladores, deriva en mayor “inseguridad y criminalidad”. Se dice además que “58% del mercado de prendas para vestir es abastecido por los canales ilegales”.
La comisión fue propuesta en octubre de 2009 y empezó a trabajar en febrero de 2010. Según el diagnóstico presentado ese mes por el presidente de la comisión:
“En el sector de aduanas existe un problema que urge evaluar y solucionar con el propósito de evitar una situación de mayor vulnerabilidad para la economía y la salud de la república. Me refiero específicamente al libre tránsito de mercancías ilícitas, armas, estupefacientes y demás sustancias prohibidas que año con año ingresan al país por las garitas, puertos y aeropuertos sin control suficiente por parte de las autoridades aduanales.
“También es un problema de seguridad nacional y de seguridad pública, generado por el tráfico y comercialización de armas, con el consiguiente aumento en la inseguridad, la criminalidad y la drogadicción. Se estima que por minuto ingresa un arma de manera ilegal a nuestro país. Según la Procuraduría General de la República (PGR) el tráfico de armas es el segundo problema de seguridad nacional. Un problema que aviva la violencia de la delincuencia organizada”.
En el documento de la comisión, Programa anual de trabajo, se precisa que en “2007 el Sistema de Administración Tributaria –del que depende la Administración General de Aduanas– reconoció que la percepción sobre corrupción en las 49 aduanas de la República Mexicana aumentó 5 por ciento y reconoció sobornos y amenazas de la delincuencia organizada a los agentes aduanales”.
Además de establecer la “falta de un diseño institucional” el documento destaca que las aduanas no han estado a la altura de las necesidades del país en tiempos de la globalización y que aunque se habían mantenido en “un nivel controlable”, en los últimos 20 años se volvieron verdaderos problemas para la economía del país y la seguridad nacional.
“El tráfico ilegal de mercancías, de armas y sustancias ilícitas (…) ha puesto de manifiesto la porosidad y permisividad con la que operan las aduanas en el país, que terminan afectando la seguridad nacional”.
El documento establece que el contrabando de mercancías lleva al trabajo informal que a su vez “es canal distributivo de mercancías de origen ilícito introducidas al mercado, aun por grandes empresas, inclusive trasnacionales, que de esta manera evaden impuestos.
“Estas actividades, cuando son realizadas por organizaciones criminales, devienen en tráfico de drogas, armas, residuos tóxicos y especies protegidas y en prácticas como el contrabando, el encubrimiento, el soborno, el tráfico de personas y el lavado de dinero, violentando con ello el estado de derecho”.
Destaca que las ganancias de todos estos actos son “exorbitantes” y “que sólo pueden ser entendidas por la corrupción o la incompetencia de funcionarios y por la falta de equipamiento tecnológico para su combate”.
Según el documento, en 2006 y 2007 las aduanas sólo decomisaron 2 por ciento de las armas ilegales que ingresaron al país, es decir 900, mientras que en esos años y en 2008, en allanamientos o enfrentamientos, fuerzas policiacas decomisaron 38 mil 404.
Las rutas
Con base en documentos de la PGR y del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, la comisión especial estableció que entre 40 y 60 por ciento de las armas vienen de Estados Unidos y que hay cuatro rutas de tráfico en el país.
El texto del CESOP precisa: “Junto al mercado de los estupefacientes ha proliferado la industria de las armas. En Estados Unidos existen 40 grandes empresas fabricantes e importadoras las cuales comercializan aproximadamente 3 millones de armas. Esa actividad representa un negocio de más de 30 mil millones de dólares al año para la economía estadounidense”.
En seguida destaca que de acuerdo con la PGR en la frontera sur de Estados Unidos hay más de 100 mil permisionarios que venden armas en negocios constituidos o a través de las ferias del ramo.
“Ello provoca que la mayoría de las armas utilizadas por los grupos delictivos en México (entre 40 y 60%) provenga de Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Interna del gobierno estadounidense, el 40% de las armas introducidas a México cae en manos de traficantes de drogas”.
Los documentos de la PGR en los que se basó la comisión fueron elaborados en 2008 y 2009, cuando Eduardo Medina Mora era procurador; desde la llegada de Arturo Chávez Chávez no ha habido más informes sobre la introducción ilegal de armas a México.
En estos documentos se aclara que la introducción se da en pequeñas cantidades, en lo que se llama “operación hormiga”, y que las rutas del trasiego son cuatro: Pacífico, centro, golfo y sur.
Entre los principales puntos de internación están Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado y Nogales, de donde las armas llegan a Hermosillo, Culiacán, Tepic, Guadalajara, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca.
Otro punto de internación es Ciudad Juárez que sigue la ruta a Chihuahua, Durango, Guadalajara, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca.
La tercera ruta, la del golfo, tiene puntos de entrada en las ciudades fronterizas de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León y sus destinos son Monterrey, Veracruz, Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez. Hay una cuarta ruta, la del sur, cuya entrada es Balancán, Tabasco, de donde las armas pasan a Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Cuauhtémoc, Tapachula, Ciudad Hidalgo y Oaxaca.
El documento del CESOP cita al senador priísta por Baja California Fernando Castro, quien señaló que “diariamente se introducen al país 2 mil armas de grueso calibre” y añade que ello implica un acumulado anual de 730 mil armas, “lo cual rebasa con mucho la capacidad de registro, aseguramiento y detención de las autoridades mexicanas”.
El documento hace notar que durante su campaña electoral, el presidente estadounidense Barack Obama se comprometió a “hacer un esfuerzo serio para interrumpir el tráfico de armas y el lavado de dinero que desde Estados Unidos provee a los cárteles mexicanos con armas y fondos”.
Menciona que en enero de 2008 la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) puso en marcha el Proyecto Corredor de Armas (Gunrunner) con el que se asignaron 35 agentes nuevos y 15 investigadores de campo a lo largo de la frontera con México. Esta área es donde se llevó a cabo la operación Fast and Furious, que propició la entrada ilegal de casi 2 mil armas de Estados Unidos a México.
Respecto a los informes de la PGR usados por la comisión especial, esa dependencia y la Sedena, con “la asistencia jurídica de autoridades de justicia de Estados Unidos”, revelan que la forma de operar “de los traficantes de armas es comprarlas a ciudadanos americanos o residentes legales a cambio de una cantidad de dinero”.
“Así los traficantes median entre el interesado y el vendedor autorizado de armas para introducirlas a nuestro país, tanto por los 19 cruces de pasos formales que existen (es decir las aduanas) como por los incontables cruces informales a lo largo de los 3 mil 152 kilómetros de frontera común”.
Destaca por ejemplo que en Chihuahua hay 4 aduanas y “300 brechas que cruzan la frontera entre Ojinaga y Ciudad Juárez”.
Y mientras la PGR sostiene que las armas pasan escondidas en autos –en las llantas de refacción, respaldos de los asientos, oquedades en las carrocerías– la comisión confirmó que las aduanas (pese a tener equipo para medir y pesar los vehículos al momento del cruce justamente para detectar si traen contrabando oculto en su estructura) nunca han detectado nada. Por lo menos no lo informó a los legisladores que hicieron los recorridos.
En los documentos de la PGR destaca la importancia del trabajo de la ATF en la detección del tráfico de armas para los cárteles mexicanos y pone como ejemplo la detención en 2008 de Víctor Varela, quien declaró que “se dedicaba a abastecer de armas a la organización criminal de los Carrillo Fuentes”.
Se aclara también que “las organizaciones que se dedican al narcotráfico no controlan el contrabando de armas de fuego; su red de distribución contacta a personas que compran armas”. En la frontera de Estados Unidos con México hay al menos 12 mil armerías.
Para todos los gustos
El costo de las armas en el mercado negro va de 800 a 2 mil dólares. La mayoría son de origen estadunidense y las marcas más usadas son Colt, Marlin, Bushmaster, Beretta, Raven, Remington, Smith & Wesson, Browning, Mossberg y Jennings. De Austria llega la Glock, de Rumania la Romarm Cugir y de China la Norinco.
De 2006 a 2009 se han incautado fusiles de asalto, cartuchos, municiones y granadas. La mayoría de las armas largas se han confiscado en Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California y Chihuahua en tanto que las granadas en Michoacán, Tamaulipas, Chiapas, Sinaloa y Nuevo León. Según el reporte de la PGR, por el aseguramiento de armas con más “versatilidad, potencialidad lesiva, alcance, penetración y volumen de fuego”, el cártel del Golfo y Los Zetas son las organizaciones más violentas.
“Destacan los cohetes antitanque de los tipos M72 y AT-4, lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL calibre 37 mm. Aditamentos lanzagranadas calibres 37 y 40 milímetros, granadas de 37 y 40 milímetros, granadas de fragmentación, fusiles Barrett calibre .50 así como armas de fuego de nueva generación, como la subametralladora belga FN Herstal calibre 5.7×28 mm, conocida como “five-seven” o “matapolicías”, que por su munición subsónica, trazadora y de penetración puede traspasar los blindajes de kevlar o crisat”.
La PGR considera al cártel de los Arellano Félix como usuario de armas de fuego “convencionales”: se les han decomisado en menor proporción “algunos fusiles Barrett, lanzacohetes y subametralladoras FN Herstal 5.7”. Al cártel del Pacífico la PGR le ha decomisado armas cortas y fusiles de asalto con características convencionales y excepcionalmente lanzagranadas y granadas de .37 milímetros.
Bajo presión
De acuerdo con el reporte especial de la Secretaría de la Defensa (Sedena) que Proceso dio a conocer (número 1791), entre otros elementos para acabar con el crimen organizado se necesita modernizar las 49 aduanas del país. Esa era la pretensión de la comisión especial, pero las presiones que recibió alejaron cada vez más ese objetivo.
Hernández Rodríguez recuerda que al inicio de los trabajos “descubrimos que en Puerta México (un programa para detectar contrabando) no había cámaras; o sea, no había rayos gamma en algunas aduanas”.
Se hicieron recorridos en 18 de las 49 aduanas: “Estábamos haciendo un diagnóstico en sitio, pero las aduanas son un esquema muy cerrado… y las propias autoridades generaban condiciones adversas en un asunto de sincronía perfecta”, detalla.
Revela que se detectaron irregularidades y se denunciaron “algunas cosas”, las cuales no detalló por tratarse de documentos confidenciales.
Acepta que durante este primer año se han recibido presiones –que prefiere no especificar– y sucedieron, dijo, “porque se tocan callos… hablar del tema de aduanas es más complicado de lo que creemos”.
Dijo que en los recorridos se constató que “sí pasan cosas” y recuerda por ejemplo que en la aduana de Talismán, Chiapas, hay incluso una tirolesa a un costado del puente: es un cable que viene de Guatemala a México y por ahí “avientan la mercancía, a un costado del puente de la aduana” o se puede ver en el Suchiate cómo los lancheros pasan mercancía “todos los días y nadie pone orden”.
Sostiene que el tráfico de armas ha sumido al país en una violencia insostenible e intolerable: “Esto pasa por las aduanas y del otro lado está el asunto de las drogas, que es una red de complicidades en todos los niveles”. Comenta que los diputados han ido al campo, a las aduanas, “el asunto es que hay intereses en todos los niveles, en todos los sectores… es muy complicado”.
El asunto de las armas, añade, es grave porque pasa por Ciudad Juárez, por Talismán, “por donde quieras” y eso arma a la delincuencia generando la violencia que hoy estamos viviendo.
El trabajo de la comisión tenía como finalidad hacer una reingeniería de las aduanas “pero tuvimos 20 mil trabas”. Un ejemplo es lo que se relata en los documentos de la comisión, donde el diputado Héctor Pedroza Jiménez dice que al acudir a la del aeropuerto de la Ciudad de México “no se nos permitió entrar… ¿Qué esconden que no se nos permitió el ingreso? Quieren retrasar nuestro trabajo porque las aduanas son una corrupción total, un cochinero”.
