EL DIARIO DE CIUDAD JUÁREZ
Sin importar el método que se use para importar un vehículo, es un hecho que los juarenses están de acuerdo en que los autos “chuecos” que circulan por la ciudad deben ser identificados a la brevedad, para generar mayores condiciones de seguridad a la población.
Y mientras los fronterizos aportan ideas para que se agilice este proceso, las autoridades de los tres niveles de gobierno no han dado grandes muestras de creatividad a la hora de instrumentar los programas para regularizar los autos también conocidos como “chocolates”.
¿Será posible que secretarios y subsecretarios de Estado, y toda la pléyade de asesores que seguramente trabajan para ellos, muchos seguramente especialistas en materia fiscal o administrativa, no puedan encontrar maneras más sencillas para solucionar un problema que podría no serlo?
LOS AMPAROS. Quizá el interés de quienes intervienen en la elaboración de esas estrategias se encuentre en otra dirección, de lo contrario cómo entender que se favorezcan esquemas que llevan millones de dólares (no pesos, dólares) a unos cuántos, mientras que la recaudación de la Hacienda Pública no se ve impactada porque el esquema oficial para legalizar autos de procedencia extranjera nomás no es atractivo para los propietarios de esas unidades.
Un ejemplo claro son los amparos que obtuvieron dos comercializadoras, una ubicada en la ciudad de Tijuana y otra de Mexicali, Baja California, mediante los cuales fueron internadas al país, según estimaciones de las propias autoridades, unas 100 mil unidades de enero del año pasado a la fecha.
Las importaciones de vehículos a través de esos amparos no se realizaron sólo en las dos ciudades fronterizas antes citadas, aquí mismo en Juárez fueron decenas de miles los autos que se introdujeron bajo ese esquema, ya que las agencias aduanales locales pagaban una especie de tributo a las comercializadoras bajacalifornianas para poder hacer uso de las herramientas legales antes mencionadas.
El atractivo para los dueños de los autos importados a través de esa estrategia era que, además de ser un procedimiento mucho más sencillo, no sólo implica la internación a la franja fronteriza sino al resto del país porque las unidades son nacionalizadas.
Además, los cobros por ese trámite fluctuaban entre lo 600 y 900 dólares, cantidades un poco más bajas que las del programa oficial. De esos montos, lo único que las comercializadoras reportaban al fisco federal era el 10 u 11 por ciento de IVA del costo comercial de los vehículos, esto es, si la factura manifestaba un costo de mil dólares el pago a Hacienda era de 100 o 110 dólares, el resto se repartía entre unos pocos, siendo los principales beneficiarios los propietarios de las comercializadoras que tramitaron los multicitados amparos.
Haciendo cuentas llanas y muy conservadoras, en promedio, por cada trámite se generaban unos 500 dólares. Si fueron 100 mil unidades las importadas, la cantidad obtenida fue de 50 millones de dólares. A estas alturas, la pregunta es: ¿Quiénes, desde el Gobierno, favorecieron el surgimiento y permanencia de ese esquema y de qué manera se beneficiaron?
TERMINA EL DECRETO. Sería inocente pensar que no existe la mano de alguien que desde las estructuras oficiales haya hecho lo conducente para que esos amparos tuvieran vigencia durante tanto tiempo.
Pero todo llega a su fin, y el decreto de 2008 contra el cual surgieron esos amparos vence el próximo 30 de junio, por tanto esa protección que les otorgó un juez federal también perderá vigencia. Habrá que esperar que el nuevo decreto, que debe salir a la brevedad, porque también la vigencia del esquema oficial depende de él, sea claro, favorezca la legalidad y la recaudación oficial, no la de unos cuantos.
FRICCIONES. Ayer en la estación Babícora de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se llevaron a cabo los honores para los dos agentes de Tránsito que fueron asesinados el pasado sábado mientras infraccionaban a un conductor en la avenida Ejército Nacional.
Ahí estuvieron el alcalde Héctor Murguía Lardizábal y el secretario Julián Leyzaola Pérez, además de familiares de los agentes caídos y compañeros tanto policías como oficiales de Vialidad.
No tuvieron acceso al evento los representantes de los medios de comunicación, quienes tuvieron que ingeniárselas para hacer tomas del evento desde el exterior de las instalaciones antes citadas, e incluso fueron retirados por la fuerza pública de los alrededores.
La orden para que los reporteros, camarógrafos y fotógrafos fueran retirados la dio directamente Leyzaola, quien por la mañana había reclamado en contra de quienes incluyeron en la agenda del alcalde ese evento que tuvo lugar a las 11 de la mañana.
“No es un circo, y no tenían por qué hacerlo público”, señaló. Lo que ignoraba el jefe policiaco era que el propio alcalde había decidido que se difundiera el hecho.
