Red Aduanal Blog

Organizaciones de vendedores de autos usados, denunciaron que las comercializadoras que iniciaron la importación de vehículos bajo un amparo, están cobrando excesivos honorarios que llegan hasta los 570 dólares por unidad, por lo que exigieron al Gobierno Federal atender la problemática de inmediato modificando las reglas de importación para evitar que se lucre en exceso con la necesidad de contar con autos legales.

Carlos Villar, líder de la Unión de Comerciantes de Autos Usados de Ciudad Juárez, indicó que su organización está de acuerdo en que se busquen posibilidades para reactivar el sector, pero consideró que es ‘ofensivo’ las utilidades que aplican las comercializadoras amparadas, las cuales no guardan proporción con el modelo de la unidad y la marca a importar.

Señaló que aunque esa alternativa sigue siendo más baja que la que prevalece con el decreto automotriz y su anexo 2, que lesiona también la economía familiar por sus altos honorarios.

Con ese mecanismo de amparo, la Aduana Fronteriza procesó ya más de 100 pedimentos de importación de automóviles usados tramitados bajo el amparo que obliga al Gobierno Federal a no aplicar ningún arancel y a utilizar el valor comercial de la unidad para cobrar únicamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) –lo que disminuye el costo hasta un 70 por ciento–, informó el titular de esa dependencia, Daniel Marín Gómez.

Sin embargo, los honorarios aplicados inconformaron a organizaciones locales quienes pidieron a la empresa que está realizando los trámites, disminuir el lucro.

“Estamos totalmente de acuerdo en que se busquen alternativas y posibilidades para que la población de México y Ciudad Juárez tengan al alcance vehículos económicos y en buen estado, con importaciones acordes con el costo del vehículo y el alcance de la gente”.

Señaló que el honorario aplicado por la comercializadora amparada eleva hasta un 250 por ciento más caro la importación comparado con el costo que se pagaba en el 2007 y que es a donde la resolución judicial remite ya que sólo permite importar unidades 1999 y anteriores.

“Aprovechan la falta de atención que el presidente Calderón nos da para medrar y explotar las necesidades de la gente y eso el Movimiento Ciudadano no lo va a permitir. Por eso la denuncia. Es una situación ambivalente, sirve a la gente que lo necesita y por otra estos abusones medran con la necesidad. Necesita este problema atención inmediata del Gobierno Federal”, enfatizó Villar.

Indicó que la solución número 1 es que los titulares de los amparos bajen las utilidades y los precios a costo proporcional de vehículo y modelo. “La otra es un sueño. Esperamos la utopía de que venga Calderón y cumpla con lo que ofreció y baje las importaciones”, apuntó.

Aduana recibe pedimentos amparados

El administrador de la Aduana, Daniel Marín Gómez, señaló que la dependencia federal está procesando los pedimentos de importación tramitados por una comercializadora que ganó en definitiva un amparo de la justicia federal para introducir vehículos bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Indicó que el amparo fue otorgado en Mexicali, Baja California, pero la empresa comercializadora está operando desde Tijuana a Nuevo Laredo.

Para cobrar el impuesto desecha el anexo 2 contemplado por el decreto del 24 de diciembre y en cambio toma en cuenta el valor comercial, dijo el funcionario.

Señaló desconocer en qué proporción se aplica el impuesto ya que señaló que la Aduana en estos momentos se encuentra en proceso de justificación de los trámites.

“Se les está dando el trámite, pero como es una autorización con amparo, no se les da firma en automático, se tiene que justificar la firma y verificar que se está apegado a lo que señala el amparo”, dijo.

Un pedimento de importación con cientos de piezas de pantalones de algodón a un precio equivalente a 1.33 pesos por pieza, es uno de los 4 mil 500 casos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó como contrabando técnico.

Los 4 mil 500 expedientes que el organismo tiene ubicados pertenecen a importadores que metieron al País mercancía subvaluada, que le cambiaron el país de origen o que abusaron de un programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), para así no pagar cuotas compensatorias, aranceles altos u otros impuestos de comercio exterior.

En conjunto, esos importadores tienen un crédito fiscal que suma 100 mil millones de pesos y que fue detectado en diversas áreas como la Administración General de Aduanas (AGA) y la Central de Comercio Exterior de la Auditoria Fiscal. Rodolfo Torres Cabello, titular de la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la AGA explicó que durante 2007, 2008 y 2009 se logró fincar ese monto a contribuyentes establecidos, a quienes se les detectaron irregularidades gracias a un esquema de inteligencia aduanera.

“Los créditos fiscales corresponden a la omisión de impuestos y a la multa, y se trata de mercancía que entró al País y que aunque le tocara el semáforo en verde en la Aduana, tenemos facultades de comprobación en el postes, es decir, tenemos 5 años para revisar a las empresas que les haya tocado rojo o verde”.

De los productos que más caen en esta práctica son: ropa, textiles, calzado y últimamente se están presentando más casos de acero.

Aunque es difícil cuantificar el impacto directo que hacen importadores formales a productores nacionales, la competencia es muy desigual, afirmó Georgina Chávez Díaz de León, directora de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, que dijo se han detectado que en documentos de importación vienen prendas muy por debajo del valor real, pues cambian el país de origen.

Salomón Presburger, presidente de la Concamin, dijo que el contrabando técnico es una práctica que afecta diferentes sectores y que cada vez está más sofisticada, incluso destacó que para la ropa de Asia hay empresas en la frontera del País que maquilan etiquetas que las cosen para que digan que son hechas en EU.

Torres Cabello dijo que en 2009 la práctica de introducir tela a través de un abuso del programa IMMEX disminuyó, pues en 2008 la Secretaría de Economía negoció con China eliminación de fracciones arancelarias y cuotas compensatorias por lo que dejará de ser susceptible de contrabando técnico.
El funcionario detalló que la subvaluación no es tan grave como el cambio de origen y el abuso del IMMEX.

Bajo la lupa…
El SAT busca detectar evasores de impuestos y a quienes compiten de manera desleal contra productores nacionales.
· De 2007 a 2009 el SAT abrió 4 mil 500 expedientes por contrabando técnico.
· A este número de casos les fincó un crédito fiscal por 100 mil millones de pesos.
· Tan sólo la Administración Central de Contabilidad y Glosa de Aduanas acaparó 20 por ciento de los casos.
· Ese 20 por ciento equivale a 20 mil millones de pesos.
· Tan sólo en 2009 se fincaron 10 mil 500 millones de pesos.
· En esta área, en todo el sexenio pasado, se fincaron créditos por 4 mil 500 millones de pesos.

Así lo dijo
“Actualmente, en el sector en donde vemos que se están presentando muchos casos irregulares de IMMEX es en el acero y los modelos de riesgo los vamos modificando con base en lo que puede representar un mayor riesgo para la industria nacional”.

Rodolfo Torres Cabello, titular de la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la AGA

Comercializadoras estan cobrando mas; Aseguran loteros.

Organizaciones de vendedores de autos usados, denunciaron que las comercializadoras que iniciaron la importación de vehículos bajo un amparo, están cobrando excesivos honorarios que llegan hasta los 570 dólares por unidad, por lo que exigieron al Gobierno Federal atender la problemática de inmediato modificando las reglas de importación para evitar que se lucre en exceso con la necesidad de contar con autos legales.

Carlos Villar, líder de la Unión de Comerciantes de Autos Usados de Ciudad Juárez, indicó que su organización está de acuerdo en que se busquen posibilidades para reactivar el sector, pero consideró que es ‘ofensivo’ las utilidades que aplican las comercializadoras amparadas, las cuales no guardan proporción con el modelo de la unidad y la marca a importar.

Señaló que aunque esa alternativa sigue siendo más baja que la que prevalece con el decreto automotriz y su anexo 2, que lesiona también la economía familiar por sus altos honorarios.

Con ese mecanismo de amparo, la Aduana Fronteriza procesó ya más de 100 pedimentos de importación de automóviles usados tramitados bajo el amparo que obliga al Gobierno Federal a no aplicar ningún arancel y a utilizar el valor comercial de la unidad para cobrar únicamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) –lo que disminuye el costo hasta un 70 por ciento–, informó el titular de esa dependencia, Daniel Marín Gómez.

Sin embargo, los honorarios aplicados inconformaron a organizaciones locales quienes pidieron a la empresa que está realizando los trámites, disminuir el lucro.

“Estamos totalmente de acuerdo en que se busquen alternativas y posibilidades para que la población de México y Ciudad Juárez tengan al alcance vehículos económicos y en buen estado, con importaciones acordes con el costo del vehículo y el alcance de la gente”.

Señaló que el honorario aplicado por la comercializadora amparada eleva hasta un 250 por ciento más caro la importación comparado con el costo que se pagaba en el 2007 y que es a donde la resolución judicial remite ya que sólo permite importar unidades 1999 y anteriores.

“Aprovechan la falta de atención que el presidente Calderón nos da para medrar y explotar las necesidades de la gente y eso el Movimiento Ciudadano no lo va a permitir. Por eso la denuncia. Es una situación ambivalente, sirve a la gente que lo necesita y por otra estos abusones medran con la necesidad. Necesita este problema atención inmediata del Gobierno Federal”, enfatizó Villar.

Indicó que la solución número 1 es que los titulares de los amparos bajen las utilidades y los precios a costo proporcional de vehículo y modelo. “La otra es un sueño. Esperamos la utopía de que venga Calderón y cumpla con lo que ofreció y baje las importaciones”, apuntó.
Aduana recibe pedimentos amparados

El administrador de la Aduana, Daniel Marín Gómez, señaló que la dependencia federal está procesando los pedimentos de importación tramitados por una comercializadora que ganó en definitiva un amparo de la justicia federal para introducir vehículos bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Indicó que el amparo fue otorgado en Mexicali, Baja California, pero la empresa comercializadora está operando desde Tijuana a Nuevo Laredo.
Para cobrar el impuesto desecha el anexo 2 contemplado por el decreto del 24 de diciembre y en cambio toma en cuenta el valor comercial, dijo el funcionario.

Señaló desconocer en qué proporción se aplica el impuesto ya que señaló que la Aduana en estos momentos se encuentra en proceso de justificación de los trámites.

“Se les está dando el trámite, pero como es una autorización con amparo, no se les da firma en automático, se tiene que justificar la firma y verificar que se está apegado a lo que señala el amparo”, dijo.

Proponen en Senado crear Comision de Autotransporte

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ayer ante el Senado de la República una iniciativa que propone la creación de una Comisión de Autotransporte, como un organismo que coordine los tres órdenes de gobierno a fin de proponer soluciones a las diversas problemáticas que enfrenta este sector.

Según la iniciativa, la comisión de Autotransporte se constituiría por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); el titular del Gobierno del estado o estados que correspondan; el titular del municipio o municipios que correspondan, representantes de las Cámaras de Autotransporte, y las instituciones de educación superior e investigación.

Esta propuesta de ley, presentada por el senador Marco Tulio Munive Temoltzin, modifica el artículo segundo, el Capítulo V del Título Tercero y los artículos 51 bis y 51 bis1 a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Ante la tribuna, el panista señalo que existe una tendencia ascendente en la demanda del servicio de autotransporte de pasajeros; sin embargo, no se ha cubierto de forma organizada.

En su exposición de motivos el senador destacó que en el autotransporte se tienen problemas como congestionamientos viales; las unidades que prestan el servicio son obsoletas; se enfrentan a alzas no autorizadas de las tarifas; es la deficiente planeación en relación a la oferta y demanda de autotransporte; las centrales de pasajeros mal ubicadas y existe poca coordinación entre transporte a las ciudades; además de que existe una indefinición de tarifas liberadas entre banda mínima y máxima.

Explicó que en diversas áreas metropolitanas, faltan acuerdos entre los entes de gobierno para definir rutas y tarifas en el transporte de pasajeros por ello, ante la complejidad de dicha problemática es necesario encontrar mecanismos de consenso para una planeación y ejecución ordenada de dicho subsector.

De tal manera que la Comisión de Autotransporte que se propone tendría la atribución de diseñar estrategias concertadas con los gobiernos estatales y municipales, con la participación de los principales actores económicos y sociales, para que la SCT las incorpore en sus programas.

También contribuiría en definir las rutas más convenientes considerando la demanda de los servicios de autotransporte de personas y de carga, así como las condiciones de vialidad existentes; planearía la ubicación más adecuada de las terminales de origen y destino, incluyendo las rutas interestatales en la distribución de pasaje, definiría el tipo de vehículo que prestará el servicio de acuerdo a las circunstancias geográficas de acceso a centros urbanos.

Según el Instituto Mexicano del Transporte 99.2% de los pasajeros nacionales viajan por carretera y que 85% del movimiento de carga se transporta por este medio.

Empresas, legisladores y agentes aduanales gestan un plan para revertir, vía el Poder Legislativo, las nuevas normas del decreto maquilador que contempla el Gobierno federal para limitar programas de apoyo a la industria maquiladora.

En una reunión privada ante 150 operadores de logística y exportadores, Alejandro Ramos Gil, presidente de la Asociación de Profesionales de Aduanas de las Américas, manifestó que hay empresas maquiladoras que bajo el nuevo esquema del decreto maquilador, ya se van del País.

Ante la diputada por Nuevo León, Marcela Guerra Castillo, expuso que las maquiladoras son víctimas de cambios continuos y trámites tortuosos para operar los programas como el Decreto IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), vigente a partir de noviembre de 2006.

“Otra vez cambian las reglas del juego lo que provoca que las maquiladoras sean víctimas de auditorías de comercio exterior del programa maquilador que ya provocan fugas de inversión extranjera”, externó.

“Son tan tortuosos los trámites y tan complicado ingresar en estos programas que hay casos de empresas exportadoras, como la segunda generadora de empleo en el ramo maquilador, Emerson, que incurren en errores que les generan créditos fiscales de hasta 50 millones de pesos”, manifestó el directivo.

Aseguró que créditos fiscales de esa magnitud es difícil que no provoquen el cierre de la planta productiva.

“El de Emerson es el caso que menciono porque es el que yo ví, el que me consta, pero como ese hay muchos más”, indicó.
Ramos Gil asistió a una reunión privada a la que fueron 150 directivos de empresas exportadoras y maquiladoras, encaminada a prevenir auditorías de comercio exterior ante los cambios al Decreto Maquilador.

Guerra Castillo prometió llevar la inquietud de los exportadores, maquiladoras y empresas de logística ante las comisiones del Congreso de la Unión, porque aún cuando el decreto maquilador es una facultad del Poder Ejecutivo, el Legislativo puede actuar a través de leyes que estén por encima del decreto.

“Estamos integrando un consejo consultivo para la competitividad en el que estén integrados los poderes de la Unión, para someter a revisión y escrutinio de los sectores medidas de esta naturaleza”, sentenció.

En el evento, directivos de comercio exterior de Grupo Industrial Saltillo manifestaron la imposibilidad de exportar a mercados como el brasileño por la decisión de Economía de desmantelar la estructura de impuestos.
Ello imposibilita negociar acuerdos con países como Brasil, Rusia, India o China.

Efecto contrario
Los actuales aranceles no permiten a las empresas crecer.
· Las bajas tasas arancelarias dejan al sector imposibilitado de negociar acuerdos comerciales con Brasil, Rusia, India o China.
· Esto provoca que las maquiladoras contemplen llevar sus inversiones a otras regiones.
· La Secretaría de Economía contempla bajarlos aún más.
· Hacia 2013 la dependencia prevé bajarlos a niveles de 4.3 por ciento en promedio.

Obstáculo comercial
Los bajos aranceles que tiene México, hacen difícil para los industriales maquiladores competir globalmente.
5.3% es el promedio del arancel que está en vigor desde el 1 de enero en México.
5.5% es el promedio que tiene Perú.
6% es la tasa de arancel en Chile.

Comerciantes locales de vehículos usados empezaron a tramitar importaciones definitivas de vehículos (nacionalizaciones) sin pagar aranceles, cubriendo sólo el IVA sobre el valor comercial de la unidad, lo que representa un costo hasta un 70% menor al que impone el decreto automotriz vigente y su anexo 2.

Lo anterior, luego de que un magistrado federal concedió un amparo definitivo a una comercializadora de Mexicali, Baja California, que pidió la protección de la justicia contra el decreto, al que consideró violatorio de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio porque impone aranceles a la importación vehicular y una base gravable alta, trascendió.

La comercializadora inició operaciones en toda la frontera, incluyendo Juárez, donde dos agentes aduanales aceptaron participar en el proceso de importación. Con esta opción, que sólo permite importar modelos 99 y anteriores, el costo del trámite y el impuesto va de los 500 a los mil dólares, según comerciantes que realizaron ya la introducción legal de vehículos bajo ese esquema.

“Una pick up Ford modelo 1999, que con el decreto cuesta hasta 40 mil pesos importarla, con el amparo salió en 900 dólares”, indicó un comerciante que ayer realizó el trámite y quien pidió la reserva de su nombre.

Bajo el amparo no se utiliza el anexo 2 como base gravable para pagar el IVA. Ese anexo contiene elevados valores referenciales de las unidades, lo que genera costos en algunos casos superiores al valor real de los vehículos a importar. Únicamente se paga el IVA del 16 por ciento sobre el costo comercial de la unidad.

En Juárez la resolución empezó a ser aprovechada por comerciantes de autos usados desde hace 8 días, lapso en el que alrededor de 200 vehículos fueron presentados a importar a agencias aduanales locales, confirmaron comerciantes y el recaudador de Rentas, Francisco Muela Reyes.

“Desde luego, claro que vamos a trabajar con ese esquema, de hecho ya empezamos, tenemos toda la semana. Mientras no saque nada mejor el presidente, a nosotros como vendedores nos conviene. Para empezar, se pueden importar modelos 99 y anteriores”, indicó Manuel Magaña, dirigente de la Unión de Loteros Libramiento-Henequén.

Sin embargo, enfatizó que son pocos los comerciantes que se beneficiarán porque el sector que representa vive un momento de crisis porque la ciudadanía no tiene dinero para importar y los loteros tras dos años de estar paradas las importaciones, se encuentran descapitalizados.

“Y luego, ahorita en Estados Unidos los carros están caros. Todavía van a ser unos meses pesados. Está abierta, pero no hay dinero para comprar carros. A ver qué trae el presidente la semana que entra, ojalá que sea una mejor opción que ésta”, dijo.

Indicó que con esta nueva alternativa, la Federación ya debe ceder a bajar los costos que aplica con el decreto automotriz vigente.

“Ya debería abrir los ojos. Si todas las fronteras ya están trabajando, sólo faltaba Juárez. En lugar de que gane dinero el dueño del amparo, que lo gane el Gobierno porque con esto recibe menos impuestos, debe abrir la puerta a todos”, añadió.

Señaló que bajo el amparo el trámite de importación más caro vale mil dólares, lo que para los vendedores de carros sí representa un beneficio.
“Elimina el amparo los aranceles, pero tiene costos de la comercializadora, el agente aduanal que son caros y eleva el costo.

Pero es bueno, porque existe una opción para los vendedores de carros. Se ampara contra dependencias que violaron los derechos que se tienen como ciudadanos y comerciantes de comprar vehículos con más de 10 años de antigüedad y poderlos importar bajo el TLC”, apuntó.

Por su parte, el recaudador de Rentas indicó que esa instancia todavía no recibe solicitudes de plaqueo y alta al padrón, pero espera los pedimentos liberados por la Aduana para revisarlos y registrarlos.

“Todavía no tenemos nada, Conocemos la noticia de que el amparo procedió, pero todavía no llega a nosotros ninguna gestión de esa naturaleza”, manifestó.

El funcionario indicó que los trámites de las unidades se encuentran en proceso de prevalidación con la Asociación de Maquiladoras (AMAC), que brinda ese servicio.

Posteriormente, si no tienen errores, serán turnados a la Aduana Fronteriza para el pago de impuestos y la colocación del sello de “desaduanamiento” para su registro vehicular ante la Recaudación de Rentas.

“A nosotros nos llegará un documento oficial extendido por la Aduana y en respeto a la competencia de la Aduana, tendremos que extender la placa vehicular”, enfatizó.

Muela Reyes indicó que hasta ayer no había datos de cuántos vehículos pueden importarse bajo el amparo. “No sabemos cuántos serán importados vía amparo, cuántos fueron. El amparo no otorga beneficios de carácter general, solamente a quien lo tramitó, pero a través del comercializador se realizan las importaciones.

Es una empresa que promovió el amparo y a partir de la solicitud, pueden pasar muchos vehículos, pero desconocemos cuál es el volumen”, refirió.

De acuerdo con información extraoficial, las dos agencias aduanales que en Ciudad Juárez aceptaron realizar los trámites en forma solidaria con el comercializador que ganó el amparo, hasta ayer habían recibido 200 solicitudes de importación y presentado 100 ante la Aduana. Los nombres de las agencias y de la empresa comercializadora no fueron revelados.

El gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, se quejó el jueves con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que las redes sociales habían creado la sicosis de violencia e inseguridad en el estado.

El tema de su urgente visita no eran las redes sociales por supuesto, sino, precisamente, la violencia y la inseguridad en Tamaulipas. ¿Pero –comentaron- podrían los cárteles de las drogas usar las redes sociales? Naturalmente.

Al Qaeda lleva años comunicándose a través de cuentas en internet. ¿Pueden contribuir a la inestabilidad? También. Sobretodo si no hay respuesta eficaz de quienes los persiguen. ¿Fueron responsables de la sicosis e inseguridad? Momento. Sobrestimar las redes sociales y subestimar la capacidad de fuego del narco en Tamaulipas, más que un error, es una tontería.

No fueron Twitter ni Facebook los detonadores de la sicosis y la violencia en el norte del estado, sino que el cártel que dominó la vida y la muerte durante cinco años se quebró, y los gobiernos estatal y local se pasmaron. El punto de inflexión fue el 18 de enero pasado, cuando Salvador Flores Borrego, apodado “Metro 3”, asesinó en Reynosa a Víctor Pérez Mendoza, “El Concord”, quien era el brazo derecho de Miguel Treviño, conocido como el “Z-40”, y quien de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, es el narcotraficante más sanguinario que hay en México.

La ruta crítica de la implosión del cártel tamaulipeco se encuentra contenida en un informe que proporcionó la DEA a las autoridades policiales mexicanas a finales de enero, anticipando desde ese momento que las cosas se pondrían sumamente calientes en esa zona. La DEA vio venir el problema por la información que le dieron sus agentes infiltrados en el Cártel del Golfo. Flores Borrego, responsable del grupo en Ciudad Alemán y Reynosa, actuó bajo las órdenes de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias “El Coss”, quien junto con Ezequiel Cárdenas Guillén tenía el control del Cártel desde que su jefe Osiel Cárdenas Guillén fue arrestado en 2003.

El arresto del ex jefe criminal y su posterior deportación a Estados Unidos –la semana pasada lo sentenciaron en un corte de Dallas-, inició un largo periodo de frágil relación con el brazo armado del Cártel, Los Zetas, formado con desertores de las fuerzas especiales del Ejército, entrenados en Estados Unidos. Aunque Los Zetas permanecían como sicarios del Cártel, desde hace más de dos años ya eran en sí mismo una organización independiente.

Liderados por Heriberto Lazcano, el “Z-1”, y Treviño, Los Zetas se convirtieron en proveedores de drogas en Centroamérica –donde Pérez Mendoza era responsable-, y Europa –de la mano de los jefes zetas-. Cárdenas y Costilla manejaban el día a día del Cártel, y aunque había fricciones desde hace tiempo con Los Zetas, no se ha podido determinar –la DEA no lo menciona en su informe- la razón por la cual se dio la orden de ejecutar a Pérez Mendoza. Treviño reaccionó como lo hacen las mafias. Según la DEA, pidió a “El Coss” que le entregara a Flores Borrego, con lo que quedarían a mano. La respuesta fue el silencio.

Reynosa entró en tensión y comenzaron a circular por las calles convoyes de narcos, algo que hacía tiempo habían desaparecido de las calles mexicanas. Se estaban cazando los sicarios del Cártel del Golfo y Los Zetas. El 30 de enero, los hombres del “Z-40” interceptaron a 16 miembros del entorno de “El Coss” y los asesinaron en esa ciudad. La batalla por Tamaulipas había comenzado.

El gobierno de Hernández no acudió al federal por ayuda en ese momento. El alcalde de Reynosa, Óscar Luebbert, tampoco hizo nada, pese a que había indicadores de un rompimiento se venía cocinando antes de la ejecución de “El Concord”. A Cárdenas y Costilla no les gustó cuando Los Zetas se acercaron a Arturo Beltrán Leyva en la primavera de 2008 para enfrentar a sus viejos aliados en el Cártel de Sinaloa, pero no hicieron nada.

Al morir Beltrán Leyva en diciembre, cambiaron la táctica, y según informes militares, se aliaron con el Cártel de Sinaloa para ajustar cuentas con su brazo militar. Todo ello transcurrió frente a los ojos de las autoridades tamaulipecas, que actuaron en forma omisa.

La paz se rompió abruptamente. Durante casi toda la gestión de Hernández el Cártel del Golfo y su brazo armado de Los Zetas, mantuvieron control absoluto del estado y no permitieron que ninguna organización enemiga los desafiara en su territorio, razón por la cual no se vio involucrada en la vorágine de violencia de los tres últimos años.

Al ir Treviño por la venganza, comenzaron los enfrentamientos. No había operaciones militares en su contra, pero la inusual actividad iniciada por la banda los llevó a cruzarse con unidades de la Marina comisionadas en el estado.

Los marinos tenían dos encomiendas: la protección de la Cuenca de Burgos, el yacimiento de gas natural no asociado al petróleo más grande del país, y la vigilancia de los oleoductos de Pemex, donde había un saqueo creciente de hidrocarburos. Con los dos bandos en batallas callejeras, la semana pasada se cruzó un convoy con una patrulla de marinos.

El enfrentamiento dejó un saldo de 10 muertos, que fue el incidente que hizo voltear los ojos a Tamaulipas, y socializó la violencia en el resto el país, en buena parte sí, a través de las redes sociales.

El argumento del gobernador Hernández sobre las redes sociales es baladí. El informe de la DEA hace cerca de un mes le pasó desapercibido al gobierno mexicano, que no tomó acciones preventivas.

Las autoridades tamaulipecas, tras el asesinato de Pérez Mendoza tampoco. Supieron del ultimátum del “Z-40” a “El Coss”, vieron cómo empezó la matazón vengativa en Reynosa, y tuvieron que haber sentido el principio de la inestabilidad que, cuando no tiene antídoto, provoca sicosis.

La batalla de Tamaulipas comenzó en cámara lenta, pero las autoridades se quedaron paralizados, o a la expectativa. La respuesta gubernamental que contribuyera a disminuir la angustia y el temor a los tamaulipecos a tiempo, nunca llegó. Lo demás, es justificación de incompetencia.